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Bienvenidos al blog



Este blog nació con el propósito de captar el interés de personas que tienen preocupación por la racionalización del gasto público. Después de cuatro años de trabajo continuado y más de 100 entradas publicadas, sigo manteniendo ese objetivo.
En cualquier momento, con mayor razón en tiempos de crisis y cuando abunda la desconfianza, la sociedad española exige una gestión de las compras públicas basada en los principios de economía, eficacia, eficiencia, igualdad de trato y transparencia.
El objetivo principal de este blog es dar a conocer a la «auditoría de contratos» como la herramienta clave que permite al poder adjudicador:
  1. realizar controles documentales sobre los costes reclamados por los licitadores y sobre la eficacia de sus procesos de producción;
  2. determinar el precio definitivo de los contratos, dentro del límite fijado para el precio máximo, con base en el coste incurrido admisible; y,
  3. comprobar la metodología de cálculo del beneficio con arreglo a la fórmula acordada.


La «auditoría de contratos» se desarrolla en los celebrados con precios provisionales y que hayan sido adjudicados –aunque no exclusivamente– en procedimientos negociados, diálogo competitivo y la asociación para la innovación.
A todos, mi saludo de bienvenida; y, particularmente a los interesados en la contratación pública, mi invitación a que os pongáis en contacto conmigo y/o participéis en la encuesta – que hallaréis en este enlace– y con vuestros comentarios en las “entradas” que vaya publicando en el blog.

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Hay una nueva entrada publicada el día 26/06/2017, con el título:

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La opinión en los informes de «auditoría de contratos»

Utilidad para el órgano de contratación

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miércoles, 18 de enero de 2017

Las tarifas de la ingeniería. Una nueva política de compras públicas

#115

Introducción


Las empresas de ingeniería vuelven a la carga. Recientemente, con ocasión de que aún el Proyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público se está tramitando en las Cortes, pues el plazo de enmiendas ha sido ampliado hasta el próximo 4 de febrero de 2017, el diario digital eleconomista.es se hace eco de la presión que se está ejerciendo desde el sector de la ingeniería –ver la noticia que lleva por título: “El Gobierno cumple con las ingenierías y acaba con las subastas electrónicas”– para eliminar la posibilidad de que las administraciones públicas puedan licitar proyectos de carácter intelectual, como son los servicios de ingeniería y arquitectura, a través de subastas electrónicas.

Es recurrente que las empresas de ingeniería manifiesten su malestar porque se ven obligadas a “tirar” sus precios en pujas cada vez más agresivas, cuando no se da el caso –muy frecuente– que se vean desplazadas completamente su posibilidad de licitar por las encomiendas de gestión a las empresas públicas INECO y TRAGSA. De manera que para conseguir contratos de las Administraciones –las migajas, según ellos– tienen que ofrecer unos precios tan raquíticos que no solo ponen en peligro su propia supervivencia como empresas, sino que se ve afectada la calidad del servicio que prestan, porque a esos precios les es imposible reclutar a los profesionales (mucho más caros) con la competencia y experiencia que se requiere. Y transcribo de dicho artículo:
«Fernando Argüello, director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), incide en que la subasta electrónica es "el culmen de la ingeniería low cost", de forma que el contratante "se asegura que no hay nadie dispuesto a hacer por menos dinero". Una estrategia, a su juicio, que "juega con la desesperación de las empresas", cuya situación se ha deteriorado drásticamente en los últimos años como consecuencia de la severa retracción de la inversión pública».

Pues bien, el Gobierno, en el proyecto de Ley que ha remitido a las Cortes, demuestra que ha tenido sensibilidad hacia este sector descartando, expresamente, que se contraten determinados servicios intelectuales mediante las subastas electrónicas, como los de ingeniería y arquitectura. Falta saber, porque no hay noticia al respecto, si el resto de partidos políticos tienen la misma empatía con esta aspiración y su predisposición es la de no promover cambios, en sentido contrario, en la norma que resulte definitiva.

En mi opinión, esa excepción no era necesaria, porque tal y como ahora está regulada la subasta electrónica en el (todavía) vigente artículo 148 del TRLCSP, aprobado por RDL 3/2011, que es prácticamente idéntica al Proyecto de la neva Ley –salvo matizaciones, como es la circunstancia de excluir expresamente los servicios de ingeniería y arquitectura[1]–, se puede dar completa satisfacción a las demandas de las empresas de ingeniería con solo hacer algunos cambios el las políticas de gestión de la contratación electrónica que promuevan los órganos de contratación. Y ello sin merma en los principios de transparencia, economía y eficiencia que deben observar los responsables de las compras públicas

Pero haciendo la hipótesis de que esa exclusión se va a confirmar en la futura Ley, entonces debería plantearse la cuestión sobre cómo los servicios de tipo intelectual van a ser contratados con un precio justo y razonable.

El entorno de las compras públicas


Hasta ahora, para las Entidades Públicas, un precio justo y razonable para estos servicios –ya sean los de tipo intelectual, como los de cualquier otra naturaleza– es el que se fija por la subasta (electrónica en este caso), donde prima el precio más bajo. Quedando en un segundo plano –o relegados a la irrelevancia– los aspectos técnicos que sean de difícil (o imposible) cuantificación. Pero debería tomarse en consideración que esta política de compra pública tiene elevados riesgos, en cuanto se refiere a la eficacia en la ejecución del contrato, porque los adjudicatarios –con la vista puesta en sus cuentas de resultados y espoleados por el instinto de supervivencia– no estarán incentivados en aplicar la “materia gris” más cualificada y experimentada (es muy costosa).

Sin embargo, como se puede deducir fácilmente, adquirir servicios de ingeniería está más próximo a la compra compleja –de la clase conocida ahora como «compra pública innovadora»– que otro tipo de servicios que no requieren de una especial cualificación y capacitación intelectual de la mano de obra que los ejecuta (por ejemplo, un servicio de limpieza). Quizá por ello, sea más adecuado y eficiente en ocasiones recurrir, para estas contrataciones, a procedimientos de adjudicación con negociaciones –como es el diálogo competitivo– que a los clásicos procedimientos abiertos y restringidos, pero sin obviarlos en absoluto.

Entonces, si las subastas electrónicas están descartadas ¿cómo contratar servicios de tipo intelectual –particularmente, de ingeniería y arquitectura– a unos precios justos y razonables con la nueva legislación en ciernes?

En primer lugar, debemos ser conscientes que la futuras políticas de compra, con sus consiguientes prácticas, podrían derivar en que los procedimientos abiertos y restringidos se conviertan en “subastas encubiertas”, porque se admite que, para esos procedimientos, el único criterio para adjudicar el contrato sea el precio. Y, además, con unos plazos de adjudicación acelerados, desde la fecha de apretura de las proposiciones. ¿Esto es lo que se quiere?, porque en mi opinión no se habría avanzado nada.

A mi modo de ver, el diagnóstico de la situación es claro: seguimos en el mismo sitio, porque las políticas de compra son arcaicas.
Nota importante: debe distinguirse, a efectos de los asuntos que se analizan en este artículo, entre «política de compra» y «procedimiento de compra (o de adjudicación)». Los procedimientos de compra o adjudicación vigentes, así como los previstos en la nueva ley, no son ni están obsoletos, en absoluto. En cambio, la política de compras imperante en las Entidades Públicas, entendida aquélla como el conjunto de prácticas o pautas que generan la adquisición de obras, bienes y servicios para sus operaciones habituales, sí que están anticuadas y son poco eficaces (sin entrar a valorar y discutir otros hechos como es que propician el fraude y la corrupción).
Ahora, con los procedimientos de adjudicación que disponemos ¿cuál es la política de compra que debería desarrollarse para alcanzar un precio justo y razonable en las adquisiciones como las de ingeniería?.

La política de compra públicas y las prácticas eficaces y transparentes –que sí son realmente novedosas– para dichas contrataciones, son las que describo seguidamente en este artículo.

Parto del principio de que los órganos de contratación tienen la obligación de cuidar porque el precio del contrato sea estimado correctamente, atendiendo al precio general del mercado. Y que dicho precio de mercado, en las empresas que producen bienes y servicios, está soportado y comienza a formarse con base en sus costes de producción, de tal manera que aquéllas que no son competitivas –es decir, las tienen unos costes medios de producción que superan a los costes medios de la competencia– corren el riesgo de quedar expulsadas del mercado si no consiguen obtener, al menos, una diferencia positiva entre su ingreso y coste marginales (el límite para producir con máxima eficiencia es cuando ambos se igualan). Comprenderá el amable lector que no me detenga a explicar la afirmación que acabo de hacer, pues no es el objetivo de este post disertar sobre cuestiones de Teoría Económica.

Por lo tanto, a la hora de fijar el órgano de contratación el «presupuesto base de la licitación» debería tener información precisa acerca de los «costes medios» de producción que se manejan en el mercado respecto del objeto que planea adquirir, que en el caso de contrataciones de ingeniería o arquitectura –en general: intelectuales– se refieren a las diferentes categorías (según tipo de especialidad, capacidad, destreza y experiencia) de trabajadores y de los materiales involucrados en la prestación del contrato. Y conocer que ninguna empresa juiciosa va a involucrar recursos en la producción que provoquen unos «costes marginales» superiores a su «ingreso marginal», de ahí que apliquen a los contratos (adjudicados en subastas con precios tan agresivos) recursos con menores capacidades, porque su coste unitario es sensiblemente menor.

Esta política de compras en prestaciones de ingeniería, consistente en dejar que las pujas en la subasta hagan su “trabajo” de fijación del precio, derivan en efectos indeseables –como la experiencia ha venido a demostrar– durante la ejecución del contrato y, se puede afirmar, que aquellos precios adjudicados en subastas no son justos ni razonables.

Adquisiciones de precio fijo y de coste reembolsable


Un contrato de coste reembolsable es en el que se establece su pago por los costes incurridos admisibles, en la medida en que se estipulan las reglas contables del contrato y la metodología de cálculo del beneficio. Estos contratos requieren de una estimación del coste total, con el propósito de establecer un presupuesto base de licitación y obligar a un techo que el contratista no puede exceder (salvo a su propio riesgo y ventura).

Debido a que los contratos de coste reembolsable se contemplan en la futura Ley únicamente para aquellos contratos que, tras la tramitación de un procedimiento con negociaciones (negociado, diálogo competitivo y asociación para la innovación), deban iniciarse con un precio provisional, porque la ejecución del contrato debe comenzar antes que la determinación del precio final sea posible, dedico este artículo a los contratos de precio fijo.

Un contrato de precio fijo, como los que, principalmente, se producen en procedimientos abiertos y restringidos, establece un precio que típicamente no está sujeto a ningún ajuste de los costes incurridos del contratista en la ejecución del contrato; y permiten al contratista facturar después de la realización de ciertas tareas o hitos sobre la base de un precio cierto establecido en la adjudicación. Sin embargo, esto no significa que el precio sea inamovible, porque los precios fijados en los contratos del sector público pueden ser revisados y ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución del contrato.
Nota importante: Hasta el momento, yo solo conozco revisiones y ajuste en el precio de los contratos que se hayan producido siempre «al alza», ya sea porque hayan variado las condiciones económicas durante la ejecución. Y las revisiones periódicas y predeterminadas, a las que hace referencia el Proyecto de la nueva Ley, parecen dirigidas, como de costumbre, a producir revisiones al «alza». Pero, los contratos de servicios, porque se espera en ellos menos volatilidad en los precios, quedarán excluidos de los preceptos del Capítulo II, Titulo III, de la nueva Ley, y su precio no puede ser revisado.
Por lo tanto, los ajustes en el precio de los contratos que se explican y desarrollan en este artículo no se pueden reputar como “revisión de precios”, sino que se trata de “variación de precios” (artículo 103.6 del Proyecto de la nueva LCSP), porque la naturaleza y el objeto del contrato –de ingeniería– lo permiten. En consecuencia, debería ser una política habitual de las compras públicas incluir cláusulas de “variación de precios” en función del cumplimiento o incumplimiento de un determinado objetivo de rendimiento[2], y debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso.

En este momento es necesario recordar que el precio del contrato puede formularse en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten. Este modo de formular el precio del contrato es especialmente adecuado cuando la prestación se refiere a unidades de mano de obra y materiales que se ejecutan o entregan.

En los contratos de tipo intelectual (típicamente los de ingeniería y arquitectura) que se ejecutan mediante el tiempo aplicado por trabajadores de diferentes categorías laborales –clasificados conforme a su especialización, competencia y capacitación, nivel de experiencia y responsabilidad– el tipo de unidad por la que se mide el precio, expresado en euros, es la «tarifa» horaria –y en el caso que los hubiera, también la «tarifa» o «precio» unitario de los materiales–.

Sólo el tiempo (normalmente expresado en horas) que aplican los trabajadores que realizan tareas o actividades directamente relacionados con el servicio o el producto prestado compone la «tarifa» de la mano de obra directa (MOD).

Habitualmente, el valor de la «tarifa» de MOD es la suma de los siguientes factores:
  • (1) el coste horario unitario de MOD
  • (2) el recargo de costes indirectos de producción, también llamado Overhead (OH).
  • (3) el recargo de gastos generales y de administración (G&A)
  • (4) el beneficio (B)
Sin embargo, la base de la tarifa, sobre la cual las horas de mano de obra directa que se reclaman son calculadas y se pagan, debe ser admisible y también debería estar sometida a la comprobación por el órgano de contratación.

En una contratación de precio fijo, como es el caso de una adjudicación en un procedimiento abierto, el precio del contrato se determina y se fija en el momento de la adjudicación. Sin embargo, para dar satisfacción los intereses generales de la Administración, que requiere precios justos y razonables para sus adquisiciones de bienes y de servicios, y hacerlos compatibles con los intereses de los licitadores (las empresas del sector de la ingeniería en particular) que reclaman, también, una justa retribución acorde al esfuerzo y los riesgos asumidos y sin merma de la calidad en sus prestaciones, se hace necesario un cambio en las políticas que desarrollan las compras públicas, como las que se proponen seguidamente.

Nueva política en las compras públicas mediante el procedimiento abierto o restringido de adjudicación


En los procedimientos de adjudicación abiertos (incluido el abierto simplificado) y restringidos en los que el precio del contrato se formula en términos de precios unitarios (tarifas), deberían seguirse las siguientes pautas:
  • Solicitar las ofertas económicas descomponiendo la tarifa en sus factores de coste y beneficio.

    A estos efectos se pueden pedir las ofertas con base en los costes históricos (referidos a las últimas cuentas anuales que hayan sido aprobadas y estén depositadas en el Registro Mercantil); o, hacer una estimación de los costes de la tarifa durante el periodo de ejecución del contrato. Pero esta última modalidad solamente se recomienda su utilización en los procedimientos de adjudicación con negociaciones, en contrataciones con un precio provisional y con el límite establecido de precio máximo, porque estarán sometidas a la «auditoría de contrato».
  • Establecimiento en los pliegos de la norma de costes aplicable para calcular la tarifa y determinación expresa de los costes prohibidos, que no son admisibles de imputación al contrato, y que deben estar identificados y segregados apropiadamente.
  • Establecimiento de criterios objetivos de adjudicación respecto del precio que valoren el porcentaje de beneficio y la metodología correcta para calcular los costes de la tarifa.

    Si la tarifa está basada en costes históricos, como se recomienda, es evidente que cada empresa tendrá, de manera singular, sus propios costes, que debe recuperar. Por ello, el elemento objetivo de valoración que es diferencial es el porcentaje de beneficio sobre los costes históricos que se propone en la tarifa. A mayor porcentaje de beneficio, menor será la valoración.

    En dicho porcentaje de beneficio, las empresas que concurran deberían absorber la hipotética variación al alza que se produzca en sus costes y que afecten a la tarifa, desde un ejercicio pasado, en el que se hace la oferta económica, a otro futuro en el que se ejecuta el contrato.

    También debería ser objeto de valoración la claridad y la forma correcta en que se calcula el valor de la tarifa que se oferta, porque de esta manera permitirá identificar la propuesta que presenta mejor relación coste-eficacia, conforme al artículo 145.3.a) del Proyecto de la nueva Ley.
  • A posteriori, una vez concluido el contrato, el órgano de contratación debería comprobar los costes de la tarifa real del adjudicatario, durante el periodo de ejecución, basándose en los registros de su contabilidad cerrada y aprobada del ejercicio contable correspondiente.

    Una vez comprobados los costes de la tarifa real, cuando ya ha sido pagado el precio de las horas facturadas de la MOD –y en su caso los materiales–, se comparan con los de la tarifa ofertada, y que adjudicada, sirviendo de base para realizar la facturación. Si los costes de la tarifa real son mayores que los de la tarifa ofertada, la diferencia en contra del adjudicatario (principio de riesgo y ventura) habría sido absorbida por el beneficio que propuso. En cambio, si los costes de la tarifa real son menores que los de la tarifa propuesta –y adjudicada–, en virtud de la cláusula de «variación de precios», por incumplimiento de los objetivos de rendimiento, se aplicaría una variación a la baja; y como ya habría sido la prestación facturada y pagada, entonces se habría producido un pago indebido de la Administración y que le corresponde reclamar, tras la tramitación del oportuno expediente de reintegro o, en su caso, en vía ejecutiva.

Conclusiones


  1. Estas políticas descritas permiten compatibilizar los requerimientos de transparencia, economía y eficacia de las compras públicas con las aspiraciones de las empresas del sector de la ingeniería
  2. Proporciona un cambio de visión y de gestión de las compras públicas mucho más eficiente y que es compatible, también, con el nuevo procedimiento abierto simplificado.




1 En el artículo 143.2 del Proyecto de la nueva Ley se dispone que la “subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en las licitaciones con negociación”, pero determina el cumplimiento de dos requisitos:
  1. ) que las especificaciones del contrato estén establecidas de manera precisa en los pliegos, y
  2. ) que las prestaciones no tengan carácter intelectual, como los servicios de “ingeniería y arquitectura”. Y, por tanto, éstos quedan excluidos de la subasta electrónica.
2 A estos efectos, deberá entenderse por “rendimiento”, según la RAE: "2. m. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados.”, siendo los medios utilizados tanto de los factores de producción y de la organización de la empresa, donde todos ellos tienen un coste medible. Por tanto, el “rendimiento” también puede ser establecido en términos que relacionan “el resultado obtenido” y el valor, o “coste completo”, de los medios utilizado, por lo que habiendo cambios en dicho coste justificarían una “variación en el precio” del contrato.

martes, 10 de enero de 2017

Consultores en Compra Pública de Innovación

#114

En este post voy a hablar de mí y del nuevo proyecto profesional en el que me he “embarcado” a mediados del pasado año, colaborando con un grupo multidisciplinar de profesionales de los ámbitos jurídico, técnico y económico, para desarrollar y ofrecer servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría de contrato en el ámbito de la compra pública innovadora (compra pública precomercial CPP y compra pública de tecnología innovadora CPTI).

Después de bastantes años de duro trabajo –especialmente el aplicado en los últimos cuatro años–, y con la sensación de nadar a contracorriente, por fin dos juristas de reconocido prestigio en el campo del Derecho Administrativo, expertos en contratación pública, se fijaron en mis propuestas para la negociación y la determinación del precio de los contratos públicos en las situaciones y circunstancias que inicialmente se señalaron en la ya lejana Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que fue sustituida por el Texto Refundido de la LCAP, aprobado por el Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, y que ahora se espera tenga continuidad –en idénticos términos que las dos precedentes– en el artículo 102.7 de la nueva Ley de CSP que, todavía, está en periodo de enmiendas en las Cortes Generales.

Porque, como he referido en numerosas ocasiones, desde que entró en vigor aquella remota norma de 2007 hasta el presente, se ha sobrevolado (o saltado directamente sin siquiera querer rozar) todo lo relacionado con la determinación del precio, en las compras complejas, por el coste realmente incurrido; y se ha obviado que ellas admitían la celebración de contratos con precios provisionales tras la tramitación de un procedimiento negociado o de un diálogo competitivo, en los que se pone de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar antes de que la determinación del precio sea posible. De ahí el fracaso, por su escasa utilización (casi testimonial) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado –que desaparecerá en la nueva Ley– y del procedimiento de adjudicación del diálogo competitivo.

Ahora, al abrigo de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, con el nuevo procedimiento de adjudicación de la «asociación para la innovación» y el programa de la Unión Europea «Horizonte 2020», que concentra gran parte de las actividades de investigación e innovación que contribuyen a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica, se crea el clima adecuado para entrar de lleno (y ya sin excusa de mirar para otro lado, como se ha venido haciendo de forma incomprensible) en el estudio, desarrollo y aplicación del precepto –en ciernes– que recogerá el futuro artículo 102.7 de la nueva Ley.


Es por ello que, desde CPI Consulting - Consultores en Compra Pública de Innovación, ofrecemos un servicio de alto valor añadido a los órganos de contratación y poderes adjudicadores, y que se compone, en síntesis, de las siguientes líneas de actuación:
  1. Fase preliminar: planificación de la licitación.
    Apoyo técnico que consiste en el diseño de una metodología de trabajo y el análisis y valoración del estado de la técnica sobre el objeto de la Compra Pública Innovadora que resulte de la consulta preliminar del mercado.
    El alcance de los servicios en esta fase preliminar consistirá en:
    - El diseño y apoyo técnico en las Consultas preliminares al mercado que se realicen. Asistencia técnica en el meet markets events.
    - El análisis y evaluación de riesgos y evaluación técnica de las consultas preliminares del mercado efectuadas.
    - La evaluación de candidatos y diseño de la licitación con negociaciones.
  2. Fase de anuncio de licitación y elaboración de Pliegos:
    Finalizadas la fase de consulta preliminar al mercado, se elabora un Anuncio de licitación y se publicarán los Pliegos que regirán la licitación de la Compra Pública Innovadora, incluyendo los siguientes servicios:
    - La elaboración de la propuesta de Anuncio de licitación.
    - La elaboración del Pliego de prescripciones administrativas de la Compra Pública Innovadora programada.
    - La elaboración de Pliego de prescripciones técnicas y, en especial, de las prescripciones funcionales que regirán la licitación.
    - Elaboración de las normas de admisibilidad de los candidatos por razones de solvencia técnica y financiera.
    - Análisis de demanda agregada y posibilidad de licitación conjunta.
    - Elaboración de las normas de admisibilidad de los costes imputables al contrato y metodología de cálculo del beneficio.
    - Elaboración del formulario (modelo) para la presentación de la oferta económica con base en los costes, en un formato electrónico.
  3. Fase de licitación de un procedimiento negociado:
    El alcance de nuestros servicios comprende:
    - Asistencia técnica, económico-financiera y jurídica a la Mesa de Negociación.
    - Auditoría de contrato. Revisión de las ofertas económicas presentadas por los licitadores, en el formato electrónico, con base en los costes.
    - Valoración económico-financiera y técnica de las propuestas recibidas según los criterios de “oferta económica más ventajosa” y de “coste de ciclo de la vida”.
  4. Celebración, desarrollo y ejecución del contrato:
    En esta fase, los servicios que se prestan abarcan:
    - Elaboración del contrato que habrá de firmar la entidad adjudicataria con la Administración contratante y del reparto de riesgos y beneficios, con especial referencia al método de asignación y evaluación de costes realmente incurridos
    - Desarrollo de sistemas de gestión del proyecto (state gate process). Asistencia y secretaría del Comité de paritario de seguimiento del contrato. Evaluación periódica de avances y del grado de cumplimiento del contrato
    - Auditoría de contrato. Examen de los costes incurridos en la ejecución del contrato, para que el órgano de contratación pueda aprobar los que son asignables y reembolsables al contratista y que le permita determinar un precio final del contrato justo y razonable.
    - Informe final de reparto de riesgos y beneficios y de la propiedad intelectual sobre el prototipo.
  5. Liquidación y terminación del contrato:
    En esta fase, nuestros servicios comprenden:
    - Apoyo técnico a la recepción del producto de la Compra Pública Innovadora.
    - Evaluación de la metodología de cálculo del beneficio e informe definitivo de la Auditoría de costes incurridos del contrato. Pagos parciales y liquidación final del precio
    - Apoyo técnico a la reclamación de pagos indebidos con posterioridad a la finalización y liquidación del contrato